La Iglesia católica apuntó que la democracia electoral mezclada con la delincuencia es un binomio totalmente inaceptable
La Iglesia católica señaló que el peor de los escenarios en el actual proceso electoral que se vive en México y que culminará con las elecciones del 2 de junio es aquel en el que el crimen organizado y grupos delincuenciales intervengan.
“Creemos que el peor de los escenarios, el que mayormente debemos evitar, es aquel en el que el crimen organizado y otros grupos delincuenciales intervengan en el proceso electoral en cualquier lugar y momento”, dijo la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) en un comunicado.
“La democracia electoral mezclada con la delincuencia es un binomio totalmente inaceptable, es un signo de la más deplorable corrupción que se debe evitar a toda costa. Por ningún motivo se puede justificar y mucho menos entrar en complicidad”, añadió.
Además, consideró necesario que las autoridades responsables de la seguridad y las fuerzas del orden (Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina y la Guardia Nacional), a nivel estatal y nacional “garanticen la protección y el ambiente de paz, de tal manera que se eviten, por motivos electorales, las agresiones, los atentados y los lamentables asesinatos de candidatos, políticos, familiares, periodistas y demás ciudadanos”.
Y dijo que la seguridad “deberá estar garantizada en todos los rincones del país”, el 2 de junio.
En el comunicado, la CEM expuso que en México se espera que el proceso electoral de 2024 “sea un ejemplo de civilidad a la altura de la cultura democrática que los mexicanos hemos ido construyendo y perfeccionando en las últimas décadas”.
También apuntó como necesario que los distintos actores políticos sin excepción, comenzando por las autoridades y siguiendo con los candidatos, partidos y ciudadanos “cumplamos las leyes y las normas en materia electoral” y rubricó con la frase: “Por el bien de México, primero la democracia y el Estado de Derecho”.
La CEM llamó al Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL) a “actuar con apego a la imparcialidad y la justicia, con ética y competencia profesional, para garantizar que el proceso se desarrolle con plena legalidad”.
Reconoció que las condiciones por las que atraviesa el país “desafortunadamente no son las mejores, pues es evidente que, desde hace tiempo, nuestros problemas son muchos” en materia de seguridad, desigualdad social, crecimiento económico, insuficiente empleo formal y digno, cobertura y calidad educativa y de salud, migración, polarización social, y otras problemáticas.
“México necesita campañas electorales, limpias, legales y austeras; con abundancia de propuestas responsables y serias; dejando de lado las descalificaciones de los contrincantes para dar lugar a la búsqueda de soluciones auténticas para nuestros problemas, tomando en cuenta la seriedad de los mismos”, expuso.
Y a los ciudadanos dijo que “no es tiempo de apatía, indiferencia o abstencionismo. Es tiempo de participación y compromiso. Exhortamos a todos los ciudadanos, especialmente a los jóvenes a informarse, interesarse y tomar sus propias decisiones buscando el bien del país”, y de paso exhortó a los partidos políticos y candidatos para que “se conduzcan con ética y altura de miras”.
Desde enero de 2018 hasta diciembre de 2023, la organización Data Cívica ha documentado 105 asesinatos de candidatos, precandidatos y excandidatos.
En las elecciones presidenciales de 2018, México registró 774 ataques contra políticos, con un saldo de 152 muertos, incluyendo 48 aspirantes, mientras que en 2021 hubo 1.066 ataques a políticos y 102 fallecidos, de los que 36 eran candidatos, por lo que fueron los comicios más violentos en la historia, según la consultora Etellekt.
México celebrará las elecciones más grandes de su historia el próximo 2 de junio, cuando más de 97 millones de personas están convocadas a renovar 20 mil 375 cargos federales, incluida la Presidencia de la República, los 500 escaños de la Cámara de Diputados y los 128 del Senado, así como nueve Gobiernos estatales.
Con información de EFE
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