La magistrada Mónica Soto del TEPJF señala que la violencia política de género tiene entre sus orígenes el abuso de poder, la desigualdad y discriminación
La violencia política de género tiene entre sus orígenes el abuso de poder, la desigualdad y la discriminación, define la magistrada Mónica Soto Fragoso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
La magistrada también considera violencia política de género todo acto que tenga por objeto alterar el orden público, hacer uso de expresiones que impliquen injurias, calumnias, difamación o denigren a las personas, a las instituciones públicas, a los partidos políticos o a sus candidaturas.
Para la Sala Superior del TEPJF esta problemática sucede en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales o de un cargo público.
Es perpetrada por el Estado o sus agentes, superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos, medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas”, expone.
Se puede ejercer de manera simbólica, verbal, patrimonial, económica, física, sexual y/o psicológica, a fin de menoscabar o anular el goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres.
La magistrada Soto Fragoso sostiene que cuando la violencia política se dirige a una mujer por el simple hecho de ser mujer se debe reflexionar sobre la influencia que tiene la perspectiva de la persona juzgadora que atienda el caso.
Ello, porque la apreciación de tales circunstancias puede ser muy subjetiva e influye de manera directa al valorar si los hechos, motivos de análisis, se ejercieron contra una mujer por el hecho de serlo o si se considera que habrían realizado de igual manera si se tratara de un hombre.
Los jueces electorales, considera la magistrada, deben estar sensibilizados con las condiciones adversas que enfrentan la mayoría de las mujeres que participan en la política.
Otro problema es cuando dichas conductas tienen a ser normalizadas, incluso por quienes imparten justicia. De esta forma, se deben advertir y respetar ciertos límites entre la libertad de expresión y la violencia ejercida contra una mujer con motivo de la actividad pública que desempeña.
Finalmente, la magistrada Mónica Soto lamenta que pareciera que cuando una mujer decide participar en la vida política el precio a pagar consiste en que “debe estar dispuesta a tolerar todo tipo de agresiones, cuestionamientos a su vida privada y humillaciones que se presumen como parte de un debate o discurso rijoso, para el cual debe masculinizarse y prestarse, porque los estándares rudos han sido impuestos por los hombres como parte de su manera de hacer política, lo que aunque pueda resultar incómodo se justifica al amparo de libertad de expresión”.
Con información de Excélsior
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